Diferencia entre revisiones de «Derecho a la Libre Empresa»

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'''Constitución de la República del Ecuador'''
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'''CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR'''
  
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
  
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
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(…)
  
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15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
  
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Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.
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16. El derecho a la libertad de contratación.
  
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Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:
  
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Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
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(…)
  
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1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.
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2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.
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(…)
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
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6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales.
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4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
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7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo.
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
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8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.
 
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7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.
 
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.
 
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9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
 
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10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.
 
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.
 
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12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
 
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13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
 
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14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
 
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15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
 
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16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales y demás servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Bajo este régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de sus derechos, para la mejora en la prestación de servicios públicos, y a la huelga de conformidad con la Constitución y la ley. En virtud de que el Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés general, sólo habrá contratación colectiva para el sector privado.
 
  
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[[Archivo:Vervigencia.png|link=http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL_ECUADOR&query=constitucion%20de%20la%20republica%20art%20326#I_DXDataRow327]]
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Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:
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(…)
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5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.
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6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.
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Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.
  
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'''Código del Trabajo'''
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El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.
  
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Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad.
  
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Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social.
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El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.
  
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El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes.
 
  
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[[Archivo:Vervigencia.png|link=http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL_ECUADOR&query=CONSTITUCION#I_DXDataRow0]]
  
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Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.
 
  
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Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente.
 
  
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En general, todo trabajo debe ser remunerado.
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=== Lefislación Comparada [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ===
  
  
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Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.
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'''CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA'''
  
  
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Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.
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“ARTICULO  88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…)”
  
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[[Archivo:Vervigencia.png|link=http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=LABORAL-CODIGO_DEL_TRABAJO&index=88#I_DXDataRow87]]
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“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
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La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
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La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
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El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”
  
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== Sentencias ==
 
  
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[[Archivo:Vervigencia.png|link=http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf]]
  
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== Sentencias ==
  
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                                                      '''SENTENCIAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA'''
 
  
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'''Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (2012)'''
 
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'''RESOLUCIÓN No.: 0157-2013 SL'''
 
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'''JUICIO No.: 1190-2010'''
 
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'''ACTORES (S) / AGRAVIADO (S): HUANCAYO CASTRO JORGE MANUEL''' '''DEMANDADO (S) / PROCESADO (S): KRAFT FOODS ECUADOR      S.A.''' 
 
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'''JUEZ:  Dr. Ayluardo Salcedo Johnny Jimmy (Juez Ponente)'''
 
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'''TEMA PRINCIPAL: DERECHO DEL TRABAJADOR SON IRRENUNCIABLES'''
 
  
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                                                      '''SENTENCIA ECUATORIANA'''
  
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(…) En el caso, materia del análisis, no existe discusión respecto a los años tomados como referencia para el cálculo de los años probables de vida, pues la empresa consideró 99 años para su cómputo. Debió igualmente tenerse en cuenta el porcentaje de la pensión jubilar a que tenía derecho el trabajador jubilado, en relación a su tiempo de servicios prestados para la empresa demandada; esto es veinticuatro años, tres meses, un día, lo que equivaldría al 97.2% de la pensión jubilar total con relación a los 25 años de servicios, cuyo valor correspondería al ciento por ciento de la pensión jubilar. Para el cálculo de la pensión jubilar proporcional, previsto en el Art. 188 del Código del Trabajo, debe efectuarse una simple regla de tres, esto es, multiplicando el tiempo total para recibir el valor de la pensión jubilar completa.- QUINTO: DECISIÓN: Por los antecedentes señalados, este Tribunal considera que nuestro ordenamiento jurídico no existe norma que autorice la aplicación de una Tasa de Descuento Financiero a los Fondos Globales de Jubilación Patronal, de tal forma que la mengua, por este concepto, del monto que se debía cancelar al trabajador deviene en ilegal, injustificado y arbitrario, atentatorio a sus derechos en la liquidación de su jubilación patronal, por lo que en la sentencia dictada por los jueces Doctores Edison Vélez Cabrera, Guillermo Timm Freire y Monfilio Serrano Ocampo, de la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, existe falta de aplicación del Art. 35. 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente al momento de la terminación de la relación laboral; y de la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 326. 2 y 11, que señalan: “(…..) El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios (……) 2.- Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario (…..)”. 3.- En caso de duda sobre el alcance a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en sentido más favorable a la parte trabajadora (….)” y ”(….) 11.- Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre frente a autoridad administrativa o juez competente (…..)”. En la sentencia recurrida, no se observa la aplicación de los numerales referidos, atentando contra las garantías que el trabajador merece por mandato de la Constitución y la Ley, por lo tanto se casa la sentencia.
 
  
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'''CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR'''
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'''Sentencia N.° 171-14-SEP-CC'''
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'''Caso N.° 0884-12-EP'''
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'''ACTOR: Cratel C.A'''
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'''DEMANDADO: Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha'''
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'''ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN'''
  
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[[Archivo:Leer.png|link=http://app.funcionjudicial.gob.ec/sipjur/resolucion/frmPDF.jsp?doc=10164]]
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Por otro lado, pero en el mismo ámbito garantista constitucional, se reconoce el derecho a la libertad de contratación, instituido como "derecho de libertad de las personas" por el artículo 66 numeral 16 de la Constitución, situación que implica que el inmenso ámbito que poseen estas para decidir celebrar contratos y determinar su contenido, así como las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, plazos y demás particularidades estarán regidas por la autonomía de la voluntad de los contratantes, dentro del marco constitucional y legal de
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empresa, definida dentro del "derecho a desarrollar  actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental"4, situación que entrevé que sigue siendo la voluntad de las personas el asunto definidor de las políticas, fines, objetivos y la naturaleza jurídica a plasmarse en determinada unidad o agrupación de personas.
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Es así como, tanto la libertad de contratación y de empresa son el reflejo de la libre competencia establecida por la existencia de varias empresas que pueden dedicarse a una misma actividad, para lo cual se les garantiza la no discriminación a través de la igualdad formal y material, es decir, se las equipara en un mismo rango ante la ley, con derechos y obligaciones semejantes entre sí para con el Estado.
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Finalmente, con estos antecedentes se determina que el derecho a la libertad de contratación y a la libertad de empresa y competencia tampoco se han visto afectados, en virtud de que la FEF se encuentra plenamente justificada para administrar lo que está a su cargo y le pertenece, acorde a la normativa jurídica a nivel mundial y regional que rige el desarrollo de sus funciones como ente organizador de los campeonatos profesionales de fútbol.
  
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[[Archivo:Vertexto.png|link=https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/171-14-SEP-CC.pdf]]
  
  
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                                                        '''SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL'''
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'''OTRA SENTENCIA'''
  
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[[Archivo:Vertexto.png|link=https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/006-14-SIN-CC.pdf]]
  
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'''SENTENCIA No.: 062-14-SEP-CC'''
 
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'''CASO No.: 1616-11-EP'''
 
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'''CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR'''
 
  
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El señor José Ramón Pérez Ruiz, presenta demanda laboral en contra de la compañía POR MAR S. A.
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'''SENTENCIA EXTRANJERA'''
  
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(…) “El derecho al trabajo es de suma importancia, por cuanto garantiza el derecho de toda persona a trabajar bajo condiciones adecuadas, sobre las sólidas bases de la igualdad de condiciones, mediante la cual se permita el desarrollo de una vida digna. La Corte Constitucional en cuanto a este derecho manifestó: ‘En efecto, el derecho al trabajo, al ser un derecho social y económico, adquiere una categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro de la relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos; es en aquel sentido que se reconoce constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales, asociados con el principio de indubio pro operario constituyen importantes conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa en el constitucionalismo ecuatoriano´. (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 0 016-13-SEP-CC, caso N. 0 1000-12-EP).
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                                                      '''COLOMBIA'''
  
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Del análisis de los argumentos planteados en la demanda, se desprende que el accionante sustenta la vulneración de este derecho, señalando que las judicaturas que conocieron la presente acción laboral no consideraron los elementos que justificaban la existencia de la relación laboral, así como la invalidez de los contratos suscritos. Al respecto, se debe destacar que la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional creada con el objeto de proteger los derechos constitucionales que por acción u omisión hayan sido vulnerados dentro de una sentencia o auto definitivo. En este sentido, el ámbito de acción al cual se circunscribe el conocimiento de esta garantía, es respecto de la vulneración de derechos constitucionales, más no de temas de legalidad cuya competencia recae en los jueces competentes para ello.
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'''Sentencia C-263/11'''
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'''Bogotá D. C., seis (6) de abril de dos mil once (2011).'''
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'''ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD'''
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'''ACTOR: Andrés Julián Estrada Otálvaro'''
  
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En este sentido la determinación de la existencia de relaciones laborales o de la validez de contratos laborales, es un tema desarrollado en normativa infraconstitucional, cuyo conocimiento recae en los jueces laborales respectivos, más no en este organismo cuya atribución es la de ser el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.
 
  
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SENTENCIA
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Uno de los elementos más importantes de este modelo es el reconocimiento de libertades económicas en cabeza de los individuos, entendidas como “(…) la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio”. En este sentido, el artículo 333 de la Constitución dispone (i) que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, (ii) que “[l]a libre competencia es un derecho de todos” y (iii) que para el ejercicio de estas libertades “nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”.  
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1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
 
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2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
 
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3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
 
  
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La Corte ha sostenido que el artículo 333 reconoce dos tipos de libertades: la libertad de empresa y la libre competencia.
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La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica; (ii) la libre iniciativa privada.
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La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.
  
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[[Archivo:Leer.png|link=https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/062-14-SEP-CC.pdf]]
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[[Archivo:Vertexto.png|link=www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-263-11.htm]]
  
 
== Doctrina [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==
 
== Doctrina [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==
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  '''Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 3, 29ª Edición, p. 115'''
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  '''OSSENBÜHL, Fritz, “Las libertades del empresario según la ley fundamental de Bonn”.'''
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'''Publicado en: Revista Española de Derecho Constitucional, año 11, número 32, mayo – agosto de 1991, págs. 9 – 13'''
  
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(…) 3. Elaboración teórica y Real. La primera construcción teórica sobre el derecho del trabajo, expresión que ya había utilizado Fichte  se debe a Fourier que estimaba estériles los  derechos económicos fundamentales, como este del derecho al trabajo al decir: “Yo he nacido en esta tierra; reclamo la admisión a todos los trabajos que en ella se ejercen; reclamo la entrega adelantada de los instrumentos necesarios para ejercer este trabajo”. (…)
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2. El lugar de la libertad empresarial en el Derecho constitucional
  
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4. Expresión. Se delinea el derecho al trabajo como el que tiene todo individuo, en relación al Estado, para que este le facilite o provea, en caso de crisis o falta de actividad laboral productiva, una ocupación acorde con la capacidad media y que le permita subsistir decorosamente. Tal reacción contra el parasitismo encuentra la acucia del instinto de conservación y del deseo de bienestar.
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La Constitución no contiene un derecho fundamental que garantice, expresa y específicamente, la «libertad del empresario» (6), sino que las distintas formas y contenidos de la actividad empresarial están cubiertas por varias garantías constitucionales, independientes entre sí (7). La libertad de profesión e industria (Berufs- und Gewerbefreiheit), según el art. 12, párrafo1, GG, y la defensa del derecho de propiedad, según el artículo 14, párrafo 1, GG, se sitúan en un primer plano. La libertad de profesión e industria protege la iniciativa empresarial (autonomía de la voluntad y libertad de disposición), y el derecho de la propiedad garantiza la existencia de la empresa (empresa industrial) como base material de la actividad empresarial.
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El derecho fundamental concreto de la libertad de residencia (artículo 11, párrafo
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1, GG) asegura la libre elección del emplazamiento de la empresa en el territorio de la República Federal. El derecho fundamental de la libertad de asociación (art. 9, párrafo 1, GG) garantiza el derecho de la formación de sociedades comerciales y capitalistas y el de concentraciones de empresas (consorcios, holdings) (8). Finalmente, la garantía de la libertad de actuación en general (art. 2, párrafo 1, GG) (*) abarca también la libertad de la actividad económica y la libertad de contratar, si éstas no están cubiertas ya por otros derechos fundamentales (10). Por tanto, ante la pregunta de quién puede disfrutar de los derechos fundamentales anteriormente mencionados que garantizan la libertad económica, es necesario dar una respuesta diferenciada.
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Algunos de los derechos fundamentales solamente se conceden a alemanes (la libertad profesional, la libertad de asociación, la libertad de residencia), mientras que, en lo referente a la libertad de propiedad y a la libertad general de actuación, también los extranjeros gozan de la protección de estos derechos fundamentales. Los extranjeros no tienen reconocido el derecho a la libertad profesional ni las libertades de asociación y de residencia; tampoco es posible reconocerles estas libertades por vía del «derecho fundamental comodín» del artículo 2, párrafo 1, GG (libertad general de actuación) (11).
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No sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas gozan de las libertades económicas, en cuanto que les son aplicables (art. 19, párrafo 3, GG). Estas no solamente tienen la libertad de residencia (12) y la protección constitucional del derecho de propiedad, sino también el derecho a formar asociaciones (13) y ejercer el comercio o una industria, siempre que esta actividad pueda ser ejercida de la misma manera por una persona jurídica que por una persona física Las personas jurídicas extranjeras quedan excluidas de la protección de los derechos fundamentales (art. 19, párrafo 3, GG) (15).
  
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El derecho al trabajo no sólo se correlaciona con el deber y la función social del trabajo, sino que deriva de otros derechos, con el de la propia subsistencia y el del mantenimiento familiar. Ello ha motivado que modernamente este derecho  se proclame expresamente en diversas Constituciones europeas y americanas; y si bien en varios de estos textos se enfoque el trabajo como deber; y en ocasiones, sólo como obligación.
 
  
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5. Crítica. La cuestión del derecho al trabajo se ha planteado, dice Ruiz Amado. Propiamente. A lo que todo individuo asociado tiene derecho es a que la sociedad atienda a sustentarle, a condición de que el ponga de su parte todo el trabajo que pueda.
 
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El derecho versa, pues,  directamente sobre la sustentación conveniente y solo indirectamente acerca del trabajo;  pues el individuo tiene obligación de trabajar y, mediante su trabajo, derecho a ser sustentado por la sociedad. Si él no halla, por su iniciativa individual, un trabajo que le produzca los medios de vivir, tiene derecho a una de dos: o a que la sociedad lo señale el trabajo con que pueda sustentarse, o a que le sustente sin trabajo efectivo, bien que con disposición de trabajar en lo que se le asigne y ordene. De un lado, el problema que plantea este derecho requiere suficiente trabajo para todos y, que los interesados en dar y recibir trabajo puedan encontrarse.
 
  
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'''REVIST@ e – Mercatoria Volumen 4, Número 1 (2005)'''
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'''NOCIONES GENERALES DE LA LIBERTAD DE EMPRESA EN COLOMBIA'''
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'''Por Luis Fernando Sabogal Bernal'''
  
  
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'''Francisco Rubio Llorente, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, Editorial Ariel, p. 556 1.1.  (ESPAÑA)'''
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En cuanto al concepto de libertad de empresa, podemos citar en principio a ARAGON REYES cuando expresa <<span style='background-color:#F3F781'><Es una libertad que se reconoce a los ciudadanos para acometer y desarrollar actividades económicas, sea cual sea la forma jurídica (individual o societaria) que se emplee y sea cual sea el modo patrimonial o laboral que se adopte>></span>
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Por su parte la CORTE CONSTITUCIONAL la ha definido, cuando la entiende como sinónimo de la libertad económica, en los siguientes términos: <<Es la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio>>14.  
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Entonces, libertad de empresa15 es una libertad que se concede a toda persona (sin hacer distinción entre personas naturales o jurídicas), para desarrollar actividades de carácter económico (entendiendo por actividad económica, aquella que tiene por objeto la producción y distribución de bienes, y de forma derivada el consumo y la acumulación)16, y para mantener o incrementar su patrimonio (conjunto de bienes materiales e inmateriales inherentes a una persona).
  
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'''1. Derecho al trabajo'''
 
  
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1.1. - « […] la incapacidad generalizada para trabajar basada en una presunción de ineptitud iuris et iure carecería de base constitucional, pues afecta a la raíz misma del derecho al trabajo entendido como libertad de trabajar, anulando de hecho su contenido esencial. […]»  […]  El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los arts. 35.2 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumple los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa. En su dimensión colectiva el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma ».
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[[Archivo:Leer.png|link=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3625833.pdf]]
  
  
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'''Dr. Jorge Egas Peña, El Derecho del Trabajo a través de las constituciones políticas del Ecuador, Editorial – Edino'''
 
  
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(…) el doctor Luis Verdesoto Salgado, en su obra “Derecho Constitucional del Trabajo”, (pág. 18), al sostener que “en el año 1946 el doctor José María Velasco Ibarra rompió el texto constitucional dictado por la Asamblea Constituyente de 1945. LA Constitución de 1945 dedicaba el Art. 148 al trabajo y ala prevención social. El gobierno de facto declaró vigente la Constitución semejante a la del Art. 148. Se produjo una confusión jurídica. Muchos patronos quisieron exonerarse de sus obligaciones. Se iniciaba la protesta de los trabajadores organizados, de los trabajadores de base, porque los lideres habían sido derrotados.
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'''Alex R. Zambrano Torres'''
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  '''LA LIBERTAD DE EMPRESA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL'''
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'''Institución Filantrópica promotora de la Empresa, el Derecho y todas las Artes'''
  
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El mismo doctor Velasco Ibarra , en Derecrto 1018, fechado el 06 de junio de 1946, declaraba en vigor las disposiciones relativas al trabajo existentes el 15 de mayo de 1946.
 
  
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“Queda demostrado que en la vida ecuatoriana los derechos de los trabajadores forman parte de la constitución real del país, que son factores efectivos de poder. Y que la incorporación de las garantías sociales en la constitución escrita, era solamente la versión verbal de su potencia como fuerzas organizadas, con peso específico en la vida nacional”; en otras palabras, que la constitución formal no puede eludir o soslayar la normación de las instituciones sociales existentes sin provocar un divorcio con la constitución social del mismo.
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<span style='background-color:#F3F781'>La libertad de empresa, como libertad del individuo desarrolla, permite y reconoce al ser humano como un ente libre, es decir, como un ser creativo y proyectivo</span>, segun dijera bien Fernandez Sessarego. El rango constitucional tiene pues que reconocer esta libertad humana como una condicion para desarrollar la creatividad y proyeccion del ser humano.
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La libertad de empresa debe ser defendida porque no se trata de cualquier derecho, sino de aquel que se encarga de una esencial, porque permite la empresa y su libre accionar, desarrollo y permanencia; siendo la empresa demasiado importante porque <span style='background-color:#F3F781'>"tiene como trascente finalidad la de proveer de bienes y servicios necesarios para atender la subsistencia y desarrollo integral de todas y cada una de las personas que integran la sociedad", segun escribe Fernandez Sessarego, en un articulo denominado "Subjetivizacion de la empresas" ("Empresa y desarrolo- Temas actuales, Revista peruana de derecho de la empresa").</span>
  
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Permitir la existencia, actividad y permanencia de la empresa pasa pues por darle libertad* O dicho en forma mas estricta, la empresa es consustancial a la libertad; no existiria empresa en el sentido estricto de la palabra sino existiera libertad.
  
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'''Dr. Eugenio Evans Espiñeira, Los Derechos Fundamentales, Tomo 3, 3ª Edición,  p. 10 (CHILE)'''
 
  
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'''I. Elementos de la Garantía.''' 
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[[Archivo:Leer.png|link=http://alexzambrano.webnode.es/products/la-libertad-de-empresa-como-derecho-constitucional/]]
  
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La libertad de trabajo y su protección es un derecho constitucional que habilita a toda persona a buscar, obtener, practicar, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, vale decir no prohibidos por la ley. Esta garantía implica, además, el derecho a la libre contratación, ya que son admisibles, serian discriminatorios y serian nulos, las exigencias o requisitos que no se basen en la idoneidad de los trabajadores (…)
 
  
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(…) En su esencia este derecho asegura que a nadie le será negado un trabajo por razones arbitrarias y que quien trabaje lo haga con una justa retribución. (…)
 
  
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“(…) corresponde al Estado crear las condiciones para el acceso al trabajo y el derecho al trabajo se cumpla efectivamente en el medio social…
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'''Fernando Jesús Torres Manrique'''
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'''LIBERTAD DE EMPRESA'''
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'''Revista Electrónica de Derecho Comercial.'''
  
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(…) Este deber del Estado no es jurídicamente exigible; pero de su cumplimiento deben responder las autoridades estatales ante la opinión pública. (…)
 
  
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'''3. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL DERECHO PÚBLICO'''
  
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  '''Dr. Eugenio Evans Espiñeira, Los Derechos Fundamentales, Tomo 3, 3ª Edición,  p. 48-49 (CHILE)'''
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El derecho público se encuentra conformado por constitucional, procesal y administrativo principalmente. Es decir, estas no son todas las ramas del derecho  público.
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El derecho constitucional estudia la libertad de empresa, motivo por el cual podemos afirmar que la misma es estudiada por el derecho público.  
  
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(…) Las opiniones del Ministro señor Fernández, que tuvieron gran influencia en la redacción que se les dio,  en definitiva, el precepto constitucional, merecieron observaciones de los señores Evans y Silva Bascuñán, las que van a continuación: 
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'''4. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL DERECHO PRIVADO'''
  
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El señor EVANS señala que hay dos ideas del señor Ministro que comparte y que, a su juicio pueden enriquecer notoriamente el texto constitucional.
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El derecho privado se encuentra conformado por comercial y civil principalmente.
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Es decir, estas no son todas las ramas del derecho privado.
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El derecho privado no estudia la libertad de empresa, por tanto, en este tema no  debemos tomar en cuenta al mismo.  
  
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En primer lugar, aquella que implica consagrar el derecho al trabajo, en cuanto el Estado debe crear las condiciones para que  a todos a quienes se les va a imponer el deber social de trabajar, pueda hacer efectivo este deber y pueda concurrir realmente con su aporte al desarrollo de la comunidad en que vive. En ese sentido, el concepto de “Derecho al trabajo” y la obligación del Estado de crear las condiciones en el medio social para que el trabajo exista, son, a su modo de ver, una valiosa contribución al texto constitucional.  
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'''5. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL DERECHO SOCIAL'''
  
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La otra idea que comparte es aquella que señala que el trabajo, siendo un deber social, debe, sin embargo, ser una expresión, una faceta de la actividad humana, de la preocupación humana, que no debe ser la actividad humana, de la preocupación humana, que no debe ser la actividad absorbente, la actividad única que merezca la protección de la institucionalidad. El señor Ministro recordó que hay otros regímenes que han elevado el trabajo, por su significado social, por su aporte a la producción, por su expresión material, a nivel de único bien jurídico, protegido por el orden constitucional.
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El derecho social se encuentra conformado por laboral y familia principalmente. Es  decir, estas no son todas las ramas del derecho social.  
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El derecho social no estudia la libertad de empresa, por tanto, en este tema no  debemos tomar en cuenta al mismo.  
  
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El señor Ministro cree, con razón – y hay una valiosa idea en ello – que el trabajo,  en el hombre, es una de las expresiones de su vida; están, además, su vida familiar, su recreación, su descanso, el desarrollo de su nivel social, de su nivel cultural, todo lo que se podría denominar el cuadro de posibilidades de perfeccionamiento personal en el ámbito de una sociedad bien constituida y que, junto con el trabajo, forman todo lo que es la actividad del hombre hoy. (…)
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[[Archivo:Leer.png|link=http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/torres01.pdf]]
  
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'''Mario Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 2, 20ª Edición,  p. 30-31 (MEXICO)'''
 
  
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'''DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO'''  
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'''Baldeón Barriga, Inés María, La Libertad de Empresa y'''
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'''el Derecho de la Competencia en el marco de la Contratación Pública del Ecuador'''
  
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(…)
 
  
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1. La Declaración de derechos sociales del Tratado de Versalles: se inicia con un principio general, formulado por vez primera, el que si bien yace en el fondo de nuestra Declaración de 1917, no aparece en ella en forma expresa: “El principio rector del derecho internacional del trabajo consiste en que el trabajo no debe ser considerados como mercancía o artículo de comercio”. Nos encontramos frente a una afirmación decisiva para la historia del pensamiento jurídico, de la que puede decirse que es una antorcha que ilumina todos los aspectos del derecho al trabajo, un principio que sirve de punto de partida a la concepción nueva de nuestra disciplina, a la que apartó para siempre del derecho civil.(…)
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La Contratación Pública en el Ecuador analizada como parte del ¿Derecho Global¿ y en consecuencia como una herramienta de Política Pública -al considerar su carácter ¿estratégico¿-; y, dentro de ella, el análisis de las acciones afirmativas a favor de proveedores que por su tamaño (MYPES), su connotación social (artesanos o actores de la economía popular y solidaria), su origen nacional o local, su objeto estratégico, entre otros aspectos; y, su relación con <span style='background-color:#F3F781'>la Libertad de Empresa -que como Derecho Constitucional forma parte de la Constitución Económica-, todo ello relacionado con el estudio del Derecho de la Competencia y en él de aspectos vinculados a una abundante casuística a través de la cual se analizan los acuerdos o prácticas restrictivas de naturaleza</span> ¿horizontal¿ o ¿vertical¿ y en general los eventuales acuerdos colusorios y las demás distorsiones que pueden generarse en el ámbito de la Contratación Pública, son los ejes articuladores más importantes de esta Tesis Doctoral que desde un estudio integrado de la Contratación Pública en el contexto del Derecho Constitucional, del Derecho Económico y del Derecho de la Competencia, enfoca su atención en la realidad ecuatoriana, pero se nutre también de criterios -sobre todo doctrinarios y jurisprudenciales- del Derecho Comparado en especial del Derecho español, con una metodología que no se circunscribe solamente a realizar una investigación de ¿laboratorio¿ o estrictamente académica, sino que tiene un valor agregado que enriquece la temática desde la experiencia práctica que he obtenido en mi ejercicio profesional. II. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN El Régimen Jurídico de la Contratación Pública en el Ecuador, si bien es relativamente nuevo, pues está vigente desde hace 6 años (específicamente desde el 4 de agosto de 2008), se englobaría dentro del cada vez más acentuado criterio del ¿Derecho Global de la Contratación Pública¿ con problemas identificados que parecen comunes independientemente de un territorio en particular y con posibilidades de solución también más o menos comunes y generales, ya que es evidente que toda política de Contratación Pública debe diseñarse y generarse entendiéndose su carácter multidisciplinar, y con el objetivo de incluir a todos los sectores sociales, en consideración de todas las realidades en juego y sin que la mejora de uno de dichos sectores se haga a costa de otro u otros grupos y sectores; ofreciendo, a través de los contratos públicos, obras, bienes y servicios integrales en los que el sector privado pueda alcanzar sus objetivos a la vez que se presta una atención especial a las consideraciones sociales y humanas, más relevantes.
  
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Derecho de asociación; salario que asegure un nivel conveniente de vida; jornada de ocho horas o de cuarenta y ocho a la semana; descanso hebdomadario, de ser posible en día domingo; supresión del trabajo de los niños; adopción de las medidas que faciliten la continuación de la educación y el desarrollo físico de los menores de ambos sexos; salario igual, sin distinción de sexo, para un trabajo de igual valor; tratamiento económico conveniente para los trabajadores extranjeros; servicio de inspección del trabajo.
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[[Archivo:Leer.png|link=https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/5833]]

Revisión actual del 15:28 5 dic 2016

Definiciónes

“La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”.


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La libertad de empresa es la facultad de cualquier persona para emprender una actividad comercial de venta de productos o servicios a terceros con un fin lucrativo.


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Sistema económico en que los Factores de Producción están sujetos a la apropiación privada y se utilizan para obtener beneficios para sus propietarios, produciendo Bienes y servicios que se venden directa o indirectamente a los Consumidores.


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Libre empresa es el término con el que se designa al concepto de empresa en la economía de mercado propia del sistema económico capitalista, y que se sustenta en la ética racionalista de la libertad individual.


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Base legal Indice.jpg

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

(…)

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

16. El derecho a la libertad de contratación.

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:

(…)

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. (…) 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: (…) 5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad.

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.


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Lefislación Comparada Indice.jpg

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA


“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…)”

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”


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Sentencias

                                                     SENTENCIA ECUATORIANA



CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Sentencia N.° 171-14-SEP-CC
Caso N.° 0884-12-EP
ACTOR: Cratel C.A
DEMANDADO: Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN

Por otro lado, pero en el mismo ámbito garantista constitucional, se reconoce el derecho a la libertad de contratación, instituido como "derecho de libertad de las personas" por el artículo 66 numeral 16 de la Constitución, situación que implica que el inmenso ámbito que poseen estas para decidir celebrar contratos y determinar su contenido, así como las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, plazos y demás particularidades estarán regidas por la autonomía de la voluntad de los contratantes, dentro del marco constitucional y legal de empresa, definida dentro del "derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental"4, situación que entrevé que sigue siendo la voluntad de las personas el asunto definidor de las políticas, fines, objetivos y la naturaleza jurídica a plasmarse en determinada unidad o agrupación de personas. Es así como, tanto la libertad de contratación y de empresa son el reflejo de la libre competencia establecida por la existencia de varias empresas que pueden dedicarse a una misma actividad, para lo cual se les garantiza la no discriminación a través de la igualdad formal y material, es decir, se las equipara en un mismo rango ante la ley, con derechos y obligaciones semejantes entre sí para con el Estado. Finalmente, con estos antecedentes se determina que el derecho a la libertad de contratación y a la libertad de empresa y competencia tampoco se han visto afectados, en virtud de que la FEF se encuentra plenamente justificada para administrar lo que está a su cargo y le pertenece, acorde a la normativa jurídica a nivel mundial y regional que rige el desarrollo de sus funciones como ente organizador de los campeonatos profesionales de fútbol.

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OTRA SENTENCIA

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SENTENCIA EXTRANJERA

                                                      COLOMBIA

Sentencia C-263/11 Bogotá D. C., seis (6) de abril de dos mil once (2011). ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD ACTOR: Andrés Julián Estrada Otálvaro


Uno de los elementos más importantes de este modelo es el reconocimiento de libertades económicas en cabeza de los individuos, entendidas como “(…) la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio”. En este sentido, el artículo 333 de la Constitución dispone (i) que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, (ii) que “[l]a libre competencia es un derecho de todos” y (iii) que para el ejercicio de estas libertades “nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”.

La Corte ha sostenido que el artículo 333 reconoce dos tipos de libertades: la libertad de empresa y la libre competencia.

La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica; (ii) la libre iniciativa privada.

La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.

Vertexto.png

Doctrina Indice.jpg

OSSENBÜHL, Fritz, “Las libertades del empresario según la ley fundamental de Bonn”. 
Publicado en: Revista Española de Derecho Constitucional, año 11, número 32, mayo – agosto de 1991, págs. 9 – 13

2. El lugar de la libertad empresarial en el Derecho constitucional

La Constitución no contiene un derecho fundamental que garantice, expresa y específicamente, la «libertad del empresario» (6), sino que las distintas formas y contenidos de la actividad empresarial están cubiertas por varias garantías constitucionales, independientes entre sí (7). La libertad de profesión e industria (Berufs- und Gewerbefreiheit), según el art. 12, párrafo1, GG, y la defensa del derecho de propiedad, según el artículo 14, párrafo 1, GG, se sitúan en un primer plano. La libertad de profesión e industria protege la iniciativa empresarial (autonomía de la voluntad y libertad de disposición), y el derecho de la propiedad garantiza la existencia de la empresa (empresa industrial) como base material de la actividad empresarial. El derecho fundamental concreto de la libertad de residencia (artículo 11, párrafo 1, GG) asegura la libre elección del emplazamiento de la empresa en el territorio de la República Federal. El derecho fundamental de la libertad de asociación (art. 9, párrafo 1, GG) garantiza el derecho de la formación de sociedades comerciales y capitalistas y el de concentraciones de empresas (consorcios, holdings) (8). Finalmente, la garantía de la libertad de actuación en general (art. 2, párrafo 1, GG) (*) abarca también la libertad de la actividad económica y la libertad de contratar, si éstas no están cubiertas ya por otros derechos fundamentales (10). Por tanto, ante la pregunta de quién puede disfrutar de los derechos fundamentales anteriormente mencionados que garantizan la libertad económica, es necesario dar una respuesta diferenciada. Algunos de los derechos fundamentales solamente se conceden a alemanes (la libertad profesional, la libertad de asociación, la libertad de residencia), mientras que, en lo referente a la libertad de propiedad y a la libertad general de actuación, también los extranjeros gozan de la protección de estos derechos fundamentales. Los extranjeros no tienen reconocido el derecho a la libertad profesional ni las libertades de asociación y de residencia; tampoco es posible reconocerles estas libertades por vía del «derecho fundamental comodín» del artículo 2, párrafo 1, GG (libertad general de actuación) (11). No sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas gozan de las libertades económicas, en cuanto que les son aplicables (art. 19, párrafo 3, GG). Estas no solamente tienen la libertad de residencia (12) y la protección constitucional del derecho de propiedad, sino también el derecho a formar asociaciones (13) y ejercer el comercio o una industria, siempre que esta actividad pueda ser ejercida de la misma manera por una persona jurídica que por una persona física Las personas jurídicas extranjeras quedan excluidas de la protección de los derechos fundamentales (art. 19, párrafo 3, GG) (15). 


REVIST@ e – Mercatoria Volumen 4, Número 1 (2005)
NOCIONES GENERALES DE LA LIBERTAD DE EMPRESA EN COLOMBIA 
Por Luis Fernando Sabogal Bernal


En cuanto al concepto de libertad de empresa, podemos citar en principio a ARAGON REYES cuando expresa <<Es una libertad que se reconoce a los ciudadanos para acometer y desarrollar actividades económicas, sea cual sea la forma jurídica (individual o societaria) que se emplee y sea cual sea el modo patrimonial o laboral que se adopte>> Por su parte la CORTE CONSTITUCIONAL la ha definido, cuando la entiende como sinónimo de la libertad económica, en los siguientes términos: <<Es la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio>>14. Entonces, libertad de empresa15 es una libertad que se concede a toda persona (sin hacer distinción entre personas naturales o jurídicas), para desarrollar actividades de carácter económico (entendiendo por actividad económica, aquella que tiene por objeto la producción y distribución de bienes, y de forma derivada el consumo y la acumulación)16, y para mantener o incrementar su patrimonio (conjunto de bienes materiales e inmateriales inherentes a una persona).


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Alex R. Zambrano Torres
LA LIBERTAD DE EMPRESA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL
Institución Filantrópica promotora de la Empresa, el Derecho y todas las Artes


La libertad de empresa, como libertad del individuo desarrolla, permite y reconoce al ser humano como un ente libre, es decir, como un ser creativo y proyectivo, segun dijera bien Fernandez Sessarego. El rango constitucional tiene pues que reconocer esta libertad humana como una condicion para desarrollar la creatividad y proyeccion del ser humano. La libertad de empresa debe ser defendida porque no se trata de cualquier derecho, sino de aquel que se encarga de una esencial, porque permite la empresa y su libre accionar, desarrollo y permanencia; siendo la empresa demasiado importante porque "tiene como trascente finalidad la de proveer de bienes y servicios necesarios para atender la subsistencia y desarrollo integral de todas y cada una de las personas que integran la sociedad", segun escribe Fernandez Sessarego, en un articulo denominado "Subjetivizacion de la empresas" ("Empresa y desarrolo- Temas actuales, Revista peruana de derecho de la empresa").

Permitir la existencia, actividad y permanencia de la empresa pasa pues por darle libertad* O dicho en forma mas estricta, la empresa es consustancial a la libertad; no existiria empresa en el sentido estricto de la palabra sino existiera libertad.


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Fernando Jesús Torres Manrique
LIBERTAD DE EMPRESA 
Revista Electrónica de Derecho Comercial.


3. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL DERECHO PÚBLICO

El derecho público se encuentra conformado por constitucional, procesal y administrativo principalmente. Es decir, estas no son todas las ramas del derecho público. El derecho constitucional estudia la libertad de empresa, motivo por el cual podemos afirmar que la misma es estudiada por el derecho público.

4. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL DERECHO PRIVADO

El derecho privado se encuentra conformado por comercial y civil principalmente. Es decir, estas no son todas las ramas del derecho privado. El derecho privado no estudia la libertad de empresa, por tanto, en este tema no debemos tomar en cuenta al mismo.

5. LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL DERECHO SOCIAL

El derecho social se encuentra conformado por laboral y familia principalmente. Es decir, estas no son todas las ramas del derecho social. El derecho social no estudia la libertad de empresa, por tanto, en este tema no debemos tomar en cuenta al mismo.

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Baldeón Barriga, Inés María, La Libertad de Empresa y el Derecho de la Competencia en el marco de la Contratación Pública del Ecuador


La Contratación Pública en el Ecuador analizada como parte del ¿Derecho Global¿ y en consecuencia como una herramienta de Política Pública -al considerar su carácter ¿estratégico¿-; y, dentro de ella, el análisis de las acciones afirmativas a favor de proveedores que por su tamaño (MYPES), su connotación social (artesanos o actores de la economía popular y solidaria), su origen nacional o local, su objeto estratégico, entre otros aspectos; y, su relación con la Libertad de Empresa -que como Derecho Constitucional forma parte de la Constitución Económica-, todo ello relacionado con el estudio del Derecho de la Competencia y en él de aspectos vinculados a una abundante casuística a través de la cual se analizan los acuerdos o prácticas restrictivas de naturaleza ¿horizontal¿ o ¿vertical¿ y en general los eventuales acuerdos colusorios y las demás distorsiones que pueden generarse en el ámbito de la Contratación Pública, son los ejes articuladores más importantes de esta Tesis Doctoral que desde un estudio integrado de la Contratación Pública en el contexto del Derecho Constitucional, del Derecho Económico y del Derecho de la Competencia, enfoca su atención en la realidad ecuatoriana, pero se nutre también de criterios -sobre todo doctrinarios y jurisprudenciales- del Derecho Comparado en especial del Derecho español, con una metodología que no se circunscribe solamente a realizar una investigación de ¿laboratorio¿ o estrictamente académica, sino que tiene un valor agregado que enriquece la temática desde la experiencia práctica que he obtenido en mi ejercicio profesional. II. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN El Régimen Jurídico de la Contratación Pública en el Ecuador, si bien es relativamente nuevo, pues está vigente desde hace 6 años (específicamente desde el 4 de agosto de 2008), se englobaría dentro del cada vez más acentuado criterio del ¿Derecho Global de la Contratación Pública¿ con problemas identificados que parecen comunes independientemente de un territorio en particular y con posibilidades de solución también más o menos comunes y generales, ya que es evidente que toda política de Contratación Pública debe diseñarse y generarse entendiéndose su carácter multidisciplinar, y con el objetivo de incluir a todos los sectores sociales, en consideración de todas las realidades en juego y sin que la mejora de uno de dichos sectores se haga a costa de otro u otros grupos y sectores; ofreciendo, a través de los contratos públicos, obras, bienes y servicios integrales en los que el sector privado pueda alcanzar sus objetivos a la vez que se presta una atención especial a las consideraciones sociales y humanas, más relevantes.

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