Legitimación Activa - Historial de revisiones

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Conceptos

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−	'''3.4. <span style='background-color:#F3F781'>Es necesario distinguir entre legitimidad de personería y legitimación en causa.''' La legitimidad de personería</span> (legitimatio ad processum) establecida como solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias por el Art. 346, No 3, del Código de Procedimiento Civil, constituye la capacidad procesal para comparecer en juicio por sí mismo, como actor o demandado. Todos pueden comparecer a juicio, por regla general, con las excepciones que establece el Art. 33 del Código de Procedimiento Civil. La ilegitimidad de personería es entonces causa de nulidad procesal. ~~<span style='background-color:#F3F781'>~~La legitimación en causa~~</span>~~ se refiere a la calidad que debe tener la parte en relación con el interés sustancial discutido en el proceso. Es decir que, ~~<span style='background-color:#F3F781'>~~para que exista la legitimación en causa~~</span>~~ el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho discutido, y el demandado la persona llamada por la ley a contradecir la demanda mediante las excepciones. Por lo dicho: <span style='background-color:#F3F781'>'''no existe debida legitimación''' en la causa en dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenía en absoluto legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas, y b) Cuando aquéllas debían ser parte en esas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso", Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, 38. Edición, Buenos Aires, Editorial Universal, 2004, Pág. 259; es decir no existe la litis consorcio necesaria, pues la legitimación estaría incompleta y no será posible la sentencia de fondo. La falta de legitimación en la causa implica el rechazo de la demanda, no la nulidad procesal la falta de litis consorcio necesaria no es causal de nulidad de sentencia ejecutoriada, según lo previsto en el Art. 299 del Código de Procedimiento Civil. 3.5.</span> En cuanto a <span style='background-color:#F3F781'>'''la legitimación activa'''</span> para la acción reivindicatoria o de dominio, son titulares de la acción reivindicatoria: a) Quien tiene la propiedad plena; b) El propietario fiduciario.	+	'''3.4. <span style='background-color:#F3F781'>Es necesario distinguir entre legitimidad de personería y legitimación en causa.''' La legitimidad de personería</span> (legitimatio ad processum) establecida como solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias por el Art. 346, No 3, del Código de Procedimiento Civil, constituye la capacidad procesal para comparecer en juicio por sí mismo, como actor o demandado. Todos pueden comparecer a juicio, por regla general, con las excepciones que establece el Art. 33 del Código de Procedimiento Civil. La ilegitimidad de personería es entonces causa de nulidad procesal. La legitimación en causa se refiere a la calidad que debe tener la parte en relación con el interés sustancial discutido en el proceso. Es decir que, para que exista la legitimación en causa el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho discutido, y el demandado la persona llamada por la ley a contradecir la demanda mediante las excepciones. Por lo dicho: <span style='background-color:#F3F781'>'''no existe debida legitimación''' en la causa en dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenía en absoluto legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas, y b) Cuando aquéllas debían ser parte en esas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso", Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, 38. Edición, Buenos Aires, Editorial Universal, 2004, Pág. 259; es decir no existe la litis consorcio necesaria, pues la legitimación estaría incompleta y no será posible la sentencia de fondo. La falta de legitimación en la causa implica el rechazo de la demanda, no la nulidad procesal la falta de litis consorcio necesaria no es causal de nulidad de sentencia ejecutoriada, según lo previsto en el Art. 299 del Código de Procedimiento Civil. 3.5.</span> En cuanto a <span style='background-color:#F3F781'>'''la legitimación activa'''</span> para la acción reivindicatoria o de dominio, son titulares de la acción reivindicatoria: a) Quien tiene la propiedad plena; b) El propietario fiduciario.

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-<span style='background-color:#F3F781'>“'''LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA'''</span>-Configuración
+“'''LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA'''-Configuración
-La jurisprudencia ha considerado que se <span style='background-color:#F3F781'>configura la legitimación en la causa, por activa, en los siguientes casos</span>: (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es promovida por quien tiene la representación legal del titular de los derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv) igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. (…)
+La jurisprudencia ha considerado que se configura la legitimación en la causa, por activa, en los siguientes casos: (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es promovida por quien tiene la representación legal del titular de los derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv) igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. (…)
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-.1. <span style='background-color:#F3F781'>Los jueces de primera y segunda instancia en esta causa, decidieron declarar improcedente la protección solicitada, tras considerar que la parte demandante, CORPORACION COLOMBIA, no estaba legitimada por activa para representar los intereses de sus 48 trabajadores</span>, pues no acreditó la condición de agente oficioso o de apoderado judicial de éstos. De igual manera, sostuvieron que para proteger los derechos de los citados trabajadores, se cuenta con otros mecanismos jurídicos de defensa, pues el asunto podía someterse al conocimiento del Ministerio de Protección Social y, en su defecto, tramitarse ante el juez laboral competente.
+.1. Los jueces de primera y segunda instancia en esta causa, decidieron declarar improcedente la protección solicitada, tras considerar que la parte demandante, CORPORACION COLOMBIA, no estaba legitimada por activa para representar los intereses de sus 48 trabajadores, pues no acreditó la condición de agente oficioso o de apoderado judicial de éstos. De igual manera, sostuvieron que para proteger los derechos de los citados trabajadores, se cuenta con otros mecanismos jurídicos de defensa, pues el asunto podía someterse al conocimiento del Ministerio de Protección Social y, en su defecto, tramitarse ante el juez laboral competente.
 [[Archivo:Leer.png|link=http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-176-11.htm]]
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 (…)
-'''§. <span style='background-color:#F3F781'>La legitimidad en los procesos constitucionales. El hábeas corpus'''</span>
+'''§. La legitimidad en los procesos constitucionales. El hábeas corpus'''
-.	La legitimación puede definirse como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz. En otras palabras la legitimación es una cualidad o condición de las partes en relación con procesos concretos. Siendo este el panorama el profesor Eduardo Ferrer Mac Gregor ha señalado que: <span style='background-color:#F3F781'>“…La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y, por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo. Se configura como el reconocimiento que el Derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal determinada (legitimación activa), o de resistirse a ella eficazmente (legitimación pasiva). Nos referimos a la legitimación para obrar (legitimatio ad causam) que constituye un presupuesto o condición de fondo de la acción, y que no debe confundirse con la antigua terminología de la legitimación (legitimación ad processum) que es un presupuesto procesal</span>...”. (FERRER MAC-GREGOR, Eduardo: La acción constitucional de amparo en México y España. Estudio de Derecho Comparado, Porrúa, México, 2002, p. 170.).
+.	La legitimación puede definirse como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz. En otras palabras la legitimación es una cualidad o condición de las partes en relación con procesos concretos. Siendo este el panorama el profesor Eduardo Ferrer Mac Gregor ha señalado que: “…La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y, por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo. Se configura como el reconocimiento que el Derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal determinada (legitimación activa), o de resistirse a ella eficazmente (legitimación pasiva). Nos referimos a la legitimación para obrar (legitimatio ad causam) que constituye un presupuesto o condición de fondo de la acción, y que no debe confundirse con la antigua terminología de la legitimación (legitimación ad processum) que es un presupuesto procesal...”. (FERRER MAC-GREGOR, Eduardo: La acción constitucional de amparo en México y España. Estudio de Derecho Comparado, Porrúa, México, 2002, p. 170.).
 .	Por su parte el Tribunal Constitucional ha acogido esta diferenciación y ha señalado que: “…Existen  dos clases de legitimación: legitimación ad processum o legitimación procesal, la cual se concibe como la ... aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación  de otro ...; y la legitimación ad causam o legitimación en la causa, que es “(...) la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión(...)” (Ibid.). En otros términos, consiste en la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso determinado por su vinculación específica con el litigio[1]...”.
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-<span style='background-color:#F3F781'>2. Falta de legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado.</span>
+. Falta de legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado.
-No se pone en duda que <span style='background-color:#F3F781'>el Consejo de Defensa del Estado es el titular de la acción para reparar el daño ambiental</span>, sin embargo el daño ambiental se define como "toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes, pero en este caso no estamos ante un daño significativo, por cuanto el informé técnico elaborado por CONAF a raíz de la corta de más de 3000 ejemplares de alerces vivos en la Cordillera del Sarao, informe que fue debidamente entregado y explicado al Director Ejecutivo de CONAF Carlos Weber Bonte, quien a través de una entrevista señaló que el hecho que se corten "decenas o cientos de alerces vivos no afectan a la especie, pues existen miles de hectáreas pobladas de alerce", incluso el Ministro de Agricultura, abogado Jaime Campos ha respaldado las palabras del Director Ejecutivo de CONAF y ha sostenido públicamente que el alerce se ha reproducido a tal nivel, que hoy en día no existen razones técnicas para seguir prohibiendo su explotación comercial.
+No se pone en duda que el Consejo de Defensa del Estado es el titular de la acción para reparar el daño ambiental, sin embargo el daño ambiental se define como "toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes, pero en este caso no estamos ante un daño significativo, por cuanto el informé técnico elaborado por CONAF a raíz de la corta de más de 3000 ejemplares de alerces vivos en la Cordillera del Sarao, informe que fue debidamente entregado y explicado al Director Ejecutivo de CONAF Carlos Weber Bonte, quien a través de una entrevista señaló que el hecho que se corten "decenas o cientos de alerces vivos no afectan a la especie, pues existen miles de hectáreas pobladas de alerce", incluso el Ministro de Agricultura, abogado Jaime Campos ha respaldado las palabras del Director Ejecutivo de CONAF y ha sostenido públicamente que el alerce se ha reproducido a tal nivel, que hoy en día no existen razones técnicas para seguir prohibiendo su explotación comercial.
 En cuanto a la demanda de indemnización de perjuicios, se oponen a la misma fundados en los siguientes argumentos:
-<span style='background-color:#F3F781'>1. Falta de legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado.</span>
+. Falta de legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado.
-Una vez que se produce el daño ambiental, esto es, <span style='background-color:#F3F781'>una vez que se produce el detrimento significativo al medio ambiente, surgen dos acciones, una para reparar el daño ambiental, y dos, la acción indemnizatoria ordinaria</span>, que esta regulada por las normas del Código Civil. Así lo dispone expresamente el artículo 53 de la Ley 19.300.
+Una vez que se produce el daño ambiental, esto es, una vez que se produce el detrimento significativo al medio ambiente, surgen dos acciones, una para reparar el daño ambiental, y dos, la acción indemnizatoria ordinaria, que esta regulada por las normas del Código Civil. Así lo dispone expresamente el artículo 53 de la Ley 19.300.
-Por su parte el artículo 54 del mismo cuerpo legal dispone: <span style='background-color:#F3F781'>"son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, entre otros, el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado</span>
+Por su parte el artículo 54 del mismo cuerpo legal dispone: "son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, entre otros, el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado
 Luego de reconocer la demanda que se trata de una acción que atiende a los perjuicios individuales, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que la corta no autorizada de alerces implica un daño a la sociedad chilena en su conjunto y de ahí nace su derecho a demandar la indemnización de perjuicios. En consecuencia no esta claro si se trata de una acción que atiende a los perjuicio individuales o se trata de una acción que atiende a los perjuicios Colectivos.
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 [[Archivo:Leer.png|link=http://www.tcpbolivia.bo/tcp/sites/all/modulostcp/gaceta/resolucion23244.html]]
 === Legislación Comparada [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]]===

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 EN EL JUICIO CIVIL N° 03-2009, SEGUIDO POR PABLO ANTONIO DIAZ NARANJO EN CONTRA DEL  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,  ECONOMISTA  RAFAEL CORREA DELGADO; Y, AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO,  DOCTOR DIEGO GARCÍA CARRIÓN
-(…) 4-<span style='background-color:#F3F781'>Falta de legitimidad activa</span>, por el mismo razonamiento del numeral anterior.”; y el doctor Néstor Arboleda Terán, Director Nacional de Patrocinio, <span style='background-color:#F3F781'>Delegado del Procurador General del Estado</span>, manifiesta: “Sin allanarme a  las evidentes causas de nulidad que registra el proceso, niego pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. Para el caso de que no se  aceptará esta excepción principal, subsidiariamente y sin que  puedan considerarse contradictorias, deduzco las siguientes excepciones (…)
+(…) 4-Falta de legitimidad activa, por el mismo razonamiento del numeral anterior.”; y el doctor Néstor Arboleda Terán, Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, manifiesta: “Sin allanarme a  las evidentes causas de nulidad que registra el proceso, niego pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. Para el caso de que no se  aceptará esta excepción principal, subsidiariamente y sin que  puedan considerarse contradictorias, deduzco las siguientes excepciones (…)
-<span style='background-color:#F3F781'>3. FALTA DE DERECHO DEL ACTOR</span>. El Estado se obliga cuando una ley así lo impone.  En el presente caso, no se expidió un acto administrativo  válido, como por ejemplo un Decreto Ejecutivo que obligue a la Presidencia de la República a cancelar valores por el concepto que reclama el actor. Tampoco existe en el clasificador de gastos del sector público un rubro que contemple el pago de ese tipo de “recompensa”.
+. FALTA DE DERECHO DEL ACTOR. El Estado se obliga cuando una ley así lo impone.  En el presente caso, no se expidió un acto administrativo  válido, como por ejemplo un Decreto Ejecutivo que obligue a la Presidencia de la República a cancelar valores por el concepto que reclama el actor. Tampoco existe en el clasificador de gastos del sector público un rubro que contemple el pago de ese tipo de “recompensa”.
 (…)
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 estando  actualmente en estado de dictar sentencia, para hacerlo se considera: (…)
-'''QUINTO:''' <span style='background-color:#F3F781'>El Procurador General del Estado</span>, representado por el Director Nacional de Patrocinio, alega la improcedencia de la demanda por el fondo y por la forma. Por el fondo, porque las declaraciones de un funcionario público (aún las emitidas por el Primer Mandatario) no generan ninguna obligación al Estado. En efecto, -dice- los recursos públicos se comprometen por disposición legal, por la expedición de actos administrativos válidos o por la recepción de bienes y servicios por parte de los particulares; así lo disponen los artículos 56 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y 31 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Por la forma, al reclamar el pago de costas procesales y honorarios profesionales, pese a existir norma en contrario (artículo 285 del Código de Procedimiento Civil). <span style='background-color:#F3F781'>Alega igualmente la falta de derecho del actor. El Estado</span> -dice- <span style='background-color:#F3F781'>se obliga cuando una ley así lo impone</span>. En el presente caso no se expidió un acto administrativo válido como por ejemplo un decreto ejecutivo que obligue a la Presidencia de la República a cancelar valores por el concepto que reclama el actor. Tampoco existe en el clasificador de gastos del sector público un rubro que contemple el pago de este tipo de “recompensas”.- Las excepciones formuladas por la Procuraduría General del Estado merecen el siguiente análisis. <span style='background-color:#F3F781'>La administración pública se manifiesta frente a sus administrados mediante actos administrativos.</span>
+'''QUINTO:''' El Procurador General del Estado, representado por el Director Nacional de Patrocinio, alega la improcedencia de la demanda por el fondo y por la forma. Por el fondo, porque las declaraciones de un funcionario público (aún las emitidas por el Primer Mandatario) no generan ninguna obligación al Estado. En efecto, -dice- los recursos públicos se comprometen por disposición legal, por la expedición de actos administrativos válidos o por la recepción de bienes y servicios por parte de los particulares; así lo disponen los artículos 56 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y 31 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Por la forma, al reclamar el pago de costas procesales y honorarios profesionales, pese a existir norma en contrario (artículo 285 del Código de Procedimiento Civil). Alega igualmente la falta de derecho del actor. El Estado -dice- se obliga cuando una ley así lo impone. En el presente caso no se expidió un acto administrativo válido como por ejemplo un decreto ejecutivo que obligue a la Presidencia de la República a cancelar valores por el concepto que reclama el actor. Tampoco existe en el clasificador de gastos del sector público un rubro que contemple el pago de este tipo de “recompensas”.- Las excepciones formuladas por la Procuraduría General del Estado merecen el siguiente análisis. La administración pública se manifiesta frente a sus administrados mediante actos administrativos.
 ADMINISTRANDOJUSTICIA,EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR,Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,se declara sin lugar la demanda propuesta por Pablo Antonio Díaz Naranjo. Sin costas.

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 (..) <span style='background-color:#F3F781'>La Constitución 2008, en cambio, permite que "cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad pueda proponer acciones constitucionales</span>. (…)
-A partir de lo dicho, es claro que el argumento esgrimido por parte del accionante, <span style='background-color:#F3F781'>'''en relación a presuntas deficiencias en la legitimación activa'''</span> de la acción de protección planteada por el accionado, carece de sustento y relevancia desde el punto de vista de los artículos 1 y 86 numeral 1 de la Constitución de la República del Estado
 [[Archivo:Vertexto.png|link=http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=6F419925B627D234B2C134919238E23902FB8128&type=RO]]

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   PÓLIT MONTES DE OCA, Berenice, ASESORA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (24 de noviembre de 2005). La legitimación activa en la acción de amparo constitucional.
-“<span style='background-color:#F3F781'>La legitimación activa</span>, la tienen los agraviados por el acto u omisión proveniente de un órgano público; son las personas "físicas" o naturales, sean nacionales o extranjeras, así como las personas "morales" o jurídicas, de derecho privado, y las de derecho público u oficiales cuando no actúan en base a su facultad de imperio o autoridad (imbuida de atributos como la unilateralidad, la imperatividad y la cohercibilidad) y actúa como particular que ha sido afectado en sus derechos.
 Se ha sostenido en el pasado e incluso ahora hay quienes sostienen que únicamente las personas naturales son las llamadas a presentar una acción de amparo, porque ellas son las titulares de los derechos subjetivos fundamentales garantizados por la Carta Política. Este criterio ha ido cediendo su paso frente a las nuevas corrientes sobre esta garantía constitucional y el propio Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en el sentido que la Constitución Política en el Art. 95, no hace ningún tipo de exclusión ni discriminación respecto de las personas jurídicas, por tanto, la acción de amparo constitucional puede ser ejercida por las personas físicas o naturales sean éstas nacionales o extranjeras; así como las personas morales o jurídicas de derecho privado”.

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 == Doctrina [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]]==
-<span style='background-color:#F3F781'>Legitimado activamente</span> es pues, quien por afirmar la titularidad, directa o indirecta, de un derecho subjetivo o de crédito, de un bien o interés jurídico, deduce una pretensión y se convierte en parte demandante en el proceso, en tanto que legitimado pasivamente lo está quien deba cumplir con una obligación o soportar las consecuencias jurídicas de la pretensión, por lo que le incumbe la carga procesal de comparecer en el proceso como parte demandada.
 [[Archivo:Leer.png|link=http://derecho.isipedia.com/tercero/derecho-procesal-i/parte-02-los-presupuestos-procesales/06-la-legitimacion]]
 “<span style='background-color:#F3F781'>La legitimación activa</span>, la tienen los agraviados por el acto u omisión proveniente de un órgano público; son las personas "físicas" o naturales, sean nacionales o extranjeras, así como las personas "morales" o jurídicas, de derecho privado, y las de derecho público u oficiales cuando no actúan en base a su facultad de imperio o autoridad (imbuida de atributos como la unilateralidad, la imperatividad y la cohercibilidad) y actúa como particular que ha sido afectado en sus derechos.
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 Se ha sostenido en el pasado e incluso ahora hay quienes sostienen que únicamente las personas naturales son las llamadas a presentar una acción de amparo, porque ellas son las titulares de los derechos subjetivos fundamentales garantizados por la Carta Política. Este criterio ha ido cediendo su paso frente a las nuevas corrientes sobre esta garantía constitucional y el propio Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en el sentido que la Constitución Política en el Art. 95, no hace ningún tipo de exclusión ni discriminación respecto de las personas jurídicas, por tanto, la acción de amparo constitucional puede ser ejercida por las personas físicas o naturales sean éstas nacionales o extranjeras; así como las personas morales o jurídicas de derecho privado”.
 [[Archivo:Leer.png|link=http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2005/11/24/la-legitimacioacuten-activa-en-la-accioacuten-de-amparo-constitucional]]
 '''Véase también:'''

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-                                                           '''PERÚ'''
+                                                           '''Perú'''
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-                                                            '''CHILE'''
+                                                            '''Chile'''
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 [[Archivo:Leer.png|link=http://www.tcpbolivia.bo/tcp/sites/all/modulostcp/gaceta/resolucion23244.html]]
 == Doctrina [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]]==

@@ Línea 249: / Línea 249: @@
 == Sentencias extranjeras y legislación comparada [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]]==
-                                                         '''COLOMBIA'''
   '''Sentencia T-176/11'''
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 [[Archivo:Leer.png|link=www.sinia.cl/1292/articles-51757_Rol5027_2008.doc]]
 == Doctrina [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]]==

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   '''LA LEGITIMACION EN CAUSA'''
- '''Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, No. 4. Página 1405.(Quito, 30 de mayo de 2007)'''
 La legitimación en causa se refiere a la calidad que debe tener la parte en relación con el interés sustancial discutido en el proceso. <span style='background-color:#F3F781'>Es decir que, para que exista la legitimación en causa el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho discutido, y el demandado la persona llamada por la ley a contradecir la demanda mediante las excepciones.</span> Por lo dicho: no existe debida legitimación en la causa en dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenía en absoluto legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas, y b) Cuando aquéllas debían ser parte en esas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso
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-  '''CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.'''
+  '''CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.'''
   <span style='background-color:#F3F781'>'''RECURSO DE CASACION.'''</span>