Cláusulas Exhorbitantes - Historial de revisiones

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Sentencia Corte Constitucional link=#top

Bmachado: Página creada con « == Definición == TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VOTO SALVADO DEL DOCTOR LUIS CHACON CALDERON En el caso signado con el No. 1080-2000-RA TERMINADO CONTRATO DE OBRAS Res...»

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Página creada con « == Definición == TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VOTO SALVADO DEL DOCTOR LUIS CHACON CALDERON En el caso signado con el No. 1080-2000-RA TERMINADO CONTRATO DE OBRAS Res...»

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 Me refiero a su oficio No. MDN-2011-1484-OF de 14 de septiembre de 2011, ingresado el 19 de septiembre del presente año, por el que formula a la Procuraduría General del Estado tres consultas relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (…)
-En los contratos administrativos, la doctrina reconoce a la Administración prerrogativas de poder público que se traducen en “cláusulas exorbitantes”. «La prerrogativa de poder público por excelencia con que la Administración cuenta en sus contratos administrativos es, sin duda ninguna, el privilegio de la decisión unilateral y ejecutoria (…) En virtud de este formidable privilegio, la Administración puede decidir ejecutoriamente sobre: la perfección del contrato y su validez, la interpretación del contrato, la realización de las prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, forma), la calificación de situaciones de incumplimiento, la imposición de sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de éstas, la prórroga del contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato, la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del contratista durante el plazo de garantía, la liquidación del contrato, la apropiación o la devolución final de la fianza. (…). Ahora bien, este formidable poder no resulta propiamente del contrato mismo, sino de la posición jurídica general de la Administración de su privilegio general de autotutela, que ya conocemos, de modo que es en sí mismo extracontractual”.
+En los contratos administrativos, la doctrina reconoce a la Administración prerrogativas de poder público que se traducen en <span style='background-color:#F3F781'>“cláusulas exorbitantes”. «La prerrogativa de poder público por excelencia con que la Administración cuenta en sus contratos administrativos es, sin duda ninguna, el privilegio de la decisión unilateral y ejecutoria (…) En virtud de este formidable privilegio, la Administración puede decidir ejecutoriamente sobre: la perfección del contrato y su validez, la interpretación del contrato</span>, la realización de las prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, forma), la calificación de situaciones de incumplimiento, la imposición de sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de éstas, la prórroga del contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato, la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del contratista durante el plazo de garantía, la liquidación del contrato, la apropiación o la devolución final de la fianza. (…). Ahora bien, este formidable poder no resulta propiamente del contrato mismo, sino de la posición jurídica general de la Administración de su privilegio general de autotutela, que ya conocemos, de modo que es en sí mismo extracontractual”.
 Del análisis jurídico que se ha efectuado al atender sus dos primeras consultas se concluye que no existe un límite al valor de las multas que se pueden imponer al contratista, durante la etapa de ejecución, que se deba estipular en los contratos; por lo tanto, compete a la entidad contratante determinar la oportunidad y conveniencia de aplicar en un contrato específico, la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que si las multas “superan” la garantía de fiel cumplimiento, (5% del valor del contrato) se configura la causal de terminación unilateral y anticipada del contrato.
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 Esta Procuraduría General del Estado ya se ha pronunciado con oficio No. 16251 de 31 de agosto de 2010, en el sentido de que: “La imposición de sanciones, y entre ellas las de carácter pecuniario como son las multas, así como la terminación unilateral de un contrato, expresa una combinación de potestades regladas y discrecionales que el ordenamiento jurídico confiere a la Administración, pues por un lado la imposición de sanciones solo procede en los casos previstos en la norma (potestad reglada), atendiendo además al principio de reserva de ley establecido en el numeral 2 del artículo 132 de la vigente Constitución de la República, que dispone que se requiere de ley para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes, así como con sujeción al procedimiento previo que corresponda; pero por otro lado, la entidad contratante queda habilitada por la norma para calificar la oportunidad de la medida, esto es su conveniencia para el interés público específico (potestad discrecional). La aplicación de sanciones en materia contractual en definitiva, debe realizarse dentro de la legalidad y de la razonabilidad. (…)
 == Legislación Comparada [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==

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-== Sentencia Corte Constitucional [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==
+=== Sentencia Corte Constitucional [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ===
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 TERCERO: El recurso atribuye así mismo a la sentencia impugnada, el haber infringido la disposición y el contenido del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque a criterio del recurrente, habiendo atribuido el Legislador el conocimiento pleno de la materia de contratación pública a la jurisdicción contencioso administrativa, la acción enderezada a impugnar la legalidad de una declaración unilateral de terminación del contrato no podía ser deducida como recurso subjetivo, sino que debía presentarse como una acción dentro de las normas de contratación pública. Para ello sostiene en su largo alegato y lleno de citas doctrinales, que la declaración unilateral de terminación del contrato no es una aplicación directa de la potestad jurídica administrativa, sino que es consecuencia y efecto del convenio celebrado entre las partes que es lo que origina el contrato dentro de cuya normatividad ha de considerarse este tipo de acciones, por lo cual la declaración unilateral de terminación del contrato no es un acto administrativo, sino un efecto de la autonomía de la voluntad de las partes que originó el contrato celebrado entre ellos. Al respecto vale la pena señalar que dejando de lado todas las citas doctrinales, muchas de las cuales son impertinentes, es evidente que la contratación pública es totalmente diferente de la contratación privada, en ésta lo fundamental es la autonomía de la voluntad de los contrayentes, la cual genera todos los derechos y obligaciones de las partes, a tal punto que el contrato es ley para las mismas; mientras en la contratación pública la autonomía de la voluntad prácticamente se reduce a la aceptación de las condiciones contractuales impuestas, unas por la ley y otras por la administración, la cual previamente formula el texto del contrato a suscribirse. La contratación pública está llena de lo que la doctrina denomina cláusulas exorbitantes, ajenas todas ellas a la contratación privada, las mismas que son la demostración evidente de la aplicación de la potestad del Estado; así se explican, entre otras, las normas sobre la fiscalización, sobre las entregas de obra, sobre las garantías y especialmente sobre la terminación unilateral del contrato; la cual no es una disposición que nace de la libre resolución de los contratantes sino que se origina en la ley, que dispone expresamente que esta forma parte de todo contrato sujeto a la Ley de Contratación Pública, es decir, de todos los contratos que, conforme a la doctrina, se denominan administrativos y no civiles. Es evidente que esta institución de la terminación unilateral del contrato no es una condición normal de ejecución del mismo, ya que bien puede ocurrir y de hecho ocurre en la mayoría de los casos que tal institución no sea aplicada en la ejecución del contrato. En consecuencia, cuando por decisión adoptada por el organismo competente, éste resuelve dar por terminado unilateralmente un contrato, cúmplase o no las condiciones establecidas en la ley para ello y tenga o no derecho el administrador para realizarlo, es evidente que está aplicando en tales casos la potestad pública y en consecuencia, es evidente que la terminación unilateral del contrato es un acto administrativo munido de todas las características comunes a las múltiples definiciones de esta trascendental institución del derecho público, que en consecuencia bien puede ser impugnada independientemente de la ejecución del contrato. Así lo ha reconocido la jurisprudencia concordante y reiterada tanto del fenecido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, como de esta Sala, en las múltiples oportunidades en que los interesados demandaron impugnando tal proceso. Es más, la Corte Suprema de Justicia cuando tuvo bajo su competencia la contratación pública, en más de una oportunidad resolvió que no podía aceptar demandas deducidas por el contratista en contra del Estado cuando habiendo precedido declaración unilateral de terminación del contrato, ésta no había sido impugnada en la vía contencioso administrativa como acto independiente previo a la acción ante la Corte Suprema de Justicia respecto de la ejecución del contrato. Así señala claramente la resolución adoptada, entre otras, por la Corte en el juicio seguido por el Arq. Marco Garcés contra el Procurador General del Estado y del Ministro de Agricultura. Todo lo anteriormente expuesto nos demuestra la absoluta carencia de fundamento de esta pretendida infracción del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa alegada por el casacionista; quien por otra parte reconoce que ambos trámites, tanto el de impugnación de un acto administrativo, como la acción referente a la contratación pública, además de estar sujetos al momento de la presentación de la demanda a una misma jurisdicción, tienen un mismo trámite, lo que en la práctica vuelve intrascendente, aún en el supuesto no consentido, de que hubiere existido la infracción alegada.-
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 == Pronunciamiento Procuraduría General del Estado [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==